LA DISPOSICIÓN ESPACIAL DE LOS INTERVINIENTES EN EL JUICIO POR JURADOS BONAERENSE: UN PROBLEMA PROCESAL Y CONSTITUCIONAL
Por Oscar Federico Zanniti
Sumario: I. Introducción: la sala como garantía procesal implícita. — II. El jurado como árbitro de los hechos. — III. El modelo anglosajón: Confrontation Clause y orientación espacial. — IV. El derecho argentino: inmediación, contradicción y control de la prueba. — V. Las orientaciones defectuosas en la práctica bonaerense. — VI. La regla: el testigo declara a quien lo interroga. — VII. La doble fila del jurado y el problema de la inmediación. — VIII. Propuesta de reforma. — IX. Conclusión.
Resumen: El trabajo examina la disposición física de los intervinientes en la sala de audiencias del juicio oral con jurado popular en la Provincia de Buenos Aires, instaurado por la Ley 14.543. La tesis es simple y se sostiene a lo largo de todo el desarrollo: en el examen adversarial el testigo declara a quien lo interroga —el fiscal o el defensor— y no a quien nada le pregunta. De allí se sigue que su lugar en la sala no es indiferente ni ornamental: debe ubicarse junto al estrado del juez, enfrentado a los profesionales que lo examinan y de perfil al jurado. La misma regla alcanza a la declaración que el imputado presta en el debate. Toda disposición que lo oriente hacia el juez —residuo del juicio ante tribunal técnico— o hacia el jurado —equívoco frecuente en varias salas bonaerenses— rompe la estructura comunicacional del interrogatorio y compromete el principio de inmediación, el derecho al contraexamen efectivo garantizado por el art. 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la publicidad del debate. Se analizan asimismo la disposición del jurado en doble fila plana y la horizontalización del estrado judicial. El trabajo concluye con una propuesta de reforma reglamentaria que no requiere modificación legislativa.
Palabras clave: juicio por jurados — Ley 14.543 — disposición espacial de la sala — inmediación — contraexamen — art. 8.2.f CADH — publicidad del debate — arquitectura judicial.
I. INTRODUCCIÓN: LA SALA COMO GARANTÍA PROCESAL IMPLÍCITA
I.1. Las garantías como condiciones materiales de ejercicio
Las garantías del proceso penal no son abstracciones que flotan en el vacío normativo: son condiciones materiales de ejercicio. Para que la oralidad sea real y no una forma ceremonial, para que la inmediación tenga contenido y no sea un principio meramente enunciativo, para que el contraexamen cumpla su función depuradora de la prueba testimonial, se requieren condiciones físicas concretas. La arquitectura de la sala de audiencias es, en este sentido, parte constitutiva del proceso, no su decorado.
I.2. El punto de partida empírico
Este trabajo nació de una observación directa —en varias ocasiones— sobre el funcionamiento de las salas bonaerenses. Allí conviven dos orientaciones defectuosas del declarante. La primera es un residuo del juicio ante tribunal técnico: el testigo dirige su respuesta al juez, como si el magistrado fuera el destinatario de su relato. La segunda, más reciente y de apariencia más moderna, consiste en sentar al testigo en el centro de la sala orientado hacia el jurado, de modo que responde mirando a quienes no le han formulado pregunta alguna. Ambas comparten el mismo vicio: separan al declarante de su interlocutor real. Y el defecto no se limita a los testigos: se reproduce, agravado, en la declaración que el propio imputado presta en el debate, según se examina en el apartado V.4.
Porque la pregunta, en el juicio por jurados, no proviene del juez ni del jurado. Proviene del fiscal o del defensor. El jurado no interroga: escucha, observa y decide. El juez no interroga: dirige el debate y resuelve las objeciones. Quien pregunta —y quien, por tanto, debe recibir la respuesta— es el litigante que conduce el examen. La disposición de la sala tiene, entonces, un porqué: no es una cuestión de mobiliario sino la traducción física de la estructura comunicacional del proceso adversarial.
I.3. La tesis y el plan de trabajo
La tesis que se defiende puede enunciarse en una línea: el testigo debe ubicarse junto al estrado del juez, enfrentado a fiscales y defensores, y de perfil al jurado. Cualquier otra ubicación fuerza al declarante a hablarle a quien no le pregunta, y con ello degrada la calidad del testimonio como fuente de conocimiento.
La pregunta que organiza el artículo es la siguiente: ¿puede el diseño físico de una sala de audiencias comprometer garantías constitucionales del proceso penal? La respuesta que se propone es afirmativa, y se construye sobre cuatro pilares: el principio de inmediación, el derecho al contraexamen efectivo, la publicidad del debate y la función epistemológica del jurado como árbitro exclusivo de los hechos.
Para responderla, el trabajo procede en siete pasos. Primero, examina el fundamento del jurado como árbitro exclusivo de los hechos y sus implicancias espaciales. Segundo, analiza el modelo anglosajón y la lógica que ubica al testigo junto al estrado y enfrentado a quien lo examina. Tercero, reconstruye el andamiaje del derecho argentino en materia de inmediación, contradicción y control de la prueba de cargo. Cuarto, describe las orientaciones defectuosas verificables en la práctica bonaerense y el silencio de la Ley 14.543 sobre el punto. Quinto, formula y fundamenta la regla según la cual el testigo declara a quien lo interroga, y examina sus consecuencias sobre el contraexamen. Sexto, analiza el problema específico de la doble fila de jurados y su impacto sobre la inmediación. Finalmente, propone una reforma reglamentaria y examina su viabilidad.
I.4. Aclaración metodológica y alcance
Cabe adelantar una aclaración. El argumento no descansa en la creación de nuevos derechos ni en interpretaciones extensivas de garantías existentes. Descansa, por el contrario, en la verificación de que garantías ya consolidadas —inmediación, contraexamen, publicidad, imparcialidad del juzgador— tienen condiciones físicas de posibilidad que el diseño actual de las salas bonaerenses no siempre satisface. Lo que se propone es una reforma reglamentaria, no legislativa: la adecuación de las especificaciones físicas de las salas a las exigencias que la Ley 14.543 ya impone.
Dos precisiones más sobre el alcance. La primera: el trabajo no pretende que exista una única disposición espacial constitucionalmente admisible. Pretende algo más modesto y más defendible, esto es, que existen disposiciones que degradan garantías y que pueden identificarse con criterios verificables. La segunda: el análisis se circunscribe al juicio por jurados. Muchas de sus conclusiones son trasladables al juicio ante tribunal técnico, pero la intensidad del argumento es máxima allí donde quien juzga los hechos es un cuerpo de doce legos cuya única fuente de conocimiento es lo que percibe en la audiencia.
II. EL JURADO COMO ÁRBITRO DE LOS HECHOS: FUNDAMENTO DEL MODELO ADVERSARIAL
II.1. La distinción hechos/derecho como eje estructural
La distinción entre cuestiones de hecho y cuestiones de derecho es el fundamento estructural del juicio por jurados. El jurado no aplica normas: determina qué ocurrió. Esa función conlleva una exigencia epistemológica central: el jurado debe poder percibir directamente todo aquello que le permite reconstruir los hechos. No puede hacerlo por delegación, por resumen ni por intermediación. Lo que no percibe directamente, no puede valorarlo.
Ahora bien, lo que el jurado debe percibir no es solamente el rostro del testigo: es el examen en su integridad —la pregunta, la reacción del declarante a la pregunta, la respuesta y la reacción del interrogador a la respuesta—. El jurado es observador del interrogatorio, no su destinatario. Esta precisión, que parece menor, es el eje de todo el argumento espacial que sigue: la posición correcta del jurado no es aquella en la que el testigo lo mira, sino aquella desde la cual puede ver simultáneamente al testigo y a quien lo interroga.
Julio Maier formula la exigencia de inmediación con precisión: no es una preferencia metodológica sino una condición de validez del juicio oral. El juzgador —técnico o lego— que no percibe directamente la prueba carece de base legítima para decidir sobre los hechos. Trasladado a la disposición espacial, el principio tiene una consecuencia directa: si el jurado tiene visión obstruida del declarante, o si observa un testimonio dirigido a un interlocutor equivocado, la inmediación se degrada y, con ella, la legitimidad del veredicto.
Alberto Binder profundiza el argumento desde la teoría del sistema acusatorio. El jurado es la expresión más pura del principio acusatorio porque encarna la separación entre quien acusa, quien defiende y quien decide; pero esa separación funcional solo opera si quien decide tiene acceso directo e irrestricto a toda la información probatoria. Cualquier obstáculo físico, procedimental o simbólico que interfiera con ese acceso traiciona la lógica del sistema.
II.2. El jurado lego y la necesidad de percepción directa
La exigencia de percepción directa es, si cabe, más intensa tratándose del jurado lego que del juez técnico. El magistrado profesional cuenta con una formación que le permite contextualizar e interpretar la prueba y suplir, en cierta medida, los déficits de percepción con su bagaje conceptual. El jurado carece de esa herramienta: su única fuente de conocimiento sobre los hechos es lo que percibe durante el debate. Las señales no verbales del declarante —expresiones faciales, postura corporal, vacilaciones, contacto visual con el interrogador— constituyen para el jurado lego una fuente de información sobre credibilidad que ningún sucedáneo procedimental puede reemplazar.
A ello se agrega una diferencia institucional decisiva. El juez técnico funda su sentencia y esa fundamentación es revisable. El jurado, en cambio, emite un veredicto que no se motiva. La ausencia de motivación desplaza el control hacia las condiciones del procedimiento: si no puede examinarse el razonamiento del cuerpo decisor, la legitimidad del veredicto reposa enteramente en la corrección del proceso que lo produjo, y muy especialmente en la calidad de la percepción que lo alimentó. Un veredicto inmotivado dictado por jurados que no vieron bien es un acto de autoridad sin garantía de racionalidad.
John Langbein, en su reconstrucción histórica del proceso adversarial inglés, muestra que precisamente porque el jurado era lego y debía decidir sobre los hechos, el sistema desarrolló una arquitectura procesal orientada a maximizar su capacidad de percepción: el interrogatorio directo y el contraexamen como mecanismos de depuración de la prueba, y el desplazamiento del juez desde la conducción activa del examen hacia el arbitraje del procedimiento. Norman Spaulding ha mostrado, por su parte, que a medida que el procedimiento adversarial del common law maduró, el edificio judicial se fue compartimentando, y que esa subdivisión interior sirvió precisamente para especializar y controlar la estructura de la confrontación. La disposición espacial no fue, entonces, un accidente histórico: fue una respuesta funcional a la naturaleza de la institución.
Mirjan Damaška, en su análisis comparado de los sistemas de justicia, distingue entre modelos jerárquicos —donde el juez profesional conduce y decide— y modelos paritarios —donde un grupo de pares decide los hechos—, y argumenta que cada modelo genera su propia arquitectura procesal y espacial: en el jerárquico, el espacio se organiza en torno al juez; en el paritario, en torno al examen que las partes practican ante el jurado. La sala bonaerense, leída desde este marco, es un híbrido inestable: adoptó el modelo paritario en la norma pero conservó, en el espacio, hábitos heredados del modelo jerárquico. Las orientaciones defectuosas que se analizan más adelante son la consecuencia previsible de esa incoherencia de diseño.
II.3. El estatus constitucional del jurado en la Argentina
Conviene detenerse en el fundamento normativo, porque de él depende la fuerza del argumento espacial. La Constitución Nacional menciona el juicio por jurados en tres disposiciones: el art. 24, que impone al Congreso promover el establecimiento del juicio por jurados; el art. 75, inc. 12, que le manda dictar las leyes que requiera el establecimiento de esa institución; y el art. 118, que dispone que todos los juicios criminales ordinarios se terminarán por jurados una vez establecida en la República esta institución. La triple mención no es redundante: expresa una decisión constituyente reiterada.
La Corte Suprema despejó las dudas sobre la validez de las leyes provinciales en el caso Canales, al confirmar que las provincias pueden establecer el juicio por jurados en el ámbito de su competencia y que el modelo de jurado clásico —doce legos, veredicto inmotivado, deliberación secreta— es compatible con la Constitución Nacional. El pronunciamiento tuvo una consecuencia práctica de primer orden: consolidó la legitimidad de un sistema que ya funcionaba en varias provincias y despejó el camino para su expansión.
Ese reconocimiento tiene, sin embargo, una contracara que la doctrina no siempre subraya. Si el jurado es constitucionalmente legítimo porque decide los hechos con base en lo que percibe en la audiencia, entonces las condiciones de esa percepción integran el estándar constitucional. No se trata de una exigencia añadida sino de una implicación: la validez del veredicto inmotivado descansa sobre el supuesto de que quienes lo emitieron percibieron correctamente. Cuando ese supuesto falla, falla la justificación misma del modelo. Andrés Harfuch, en su comentario a la ley bonaerense, insiste en que la implementación del jurado clásico exige repensar integralmente la dinámica de la audiencia y no limitarse a superponer un cuerpo de legos sobre el viejo procedimiento.
II.4. El trasplante normativo sin infraestructura cultural ni espacial
Edmundo Hendler, uno de los primeros autores argentinos en estudiar sistemáticamente la institución, advierte que el juicio por jurados fue incorporado en la Argentina como un trasplante normativo sin la infraestructura cultural y procesal que lo sustenta en los sistemas de origen. El diseño espacial de la sala es parte de esa infraestructura que no fue trasplantada.
La Ley 14.543 introdujo el juicio por jurados en la Provincia de Buenos Aires en 2013 sin reformar las especificaciones físicas de las salas de audiencias. El resultado es que salas concebidas para un tribunal técnico —unipersonal o colegiado—, donde el juez es el centro funcional y simbólico del espacio, recibieron el injerto del jurado sin que el diseño fuera repensado. La sala siguió organizada alrededor de quien ya no juzga los hechos.
III. EL MODELO ANGLOSAJÓN: CONFRONTATION CLAUSE Y ORIENTACIÓN ESPACIAL
III.1. La Confrontation Clause y su dimensión espacial
La Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos establece que, en todo proceso penal, el acusado tiene derecho a ser confrontado con los testigos de cargo. La Corte Suprema norteamericana ha interpretado esta garantía como algo más que una regla sobre admisibilidad de prueba: es una garantía de percepción directa.
III.2. Coy v. Iowa: el valor funcional del enfrentamiento visual
En Coy v. Iowa, el juez Scalia, redactando la opinión de la mayoría, sostuvo que el enfrentamiento cara a cara entre el acusado y el testigo no es una formalidad ceremonial sino una garantía sustantiva: mirar al testigo mientras declara produce un efecto disuasivo sobre el falso testimonio que ningún procedimiento alternativo puede reemplazar. La declaración a través de pantallas o sin contacto visual directo —aunque admisible en supuestos excepcionales de protección de víctimas— debe ser tratada como excepción a una regla cuyo valor funcional es esencial.
El precedente es directamente relevante para la tesis de este trabajo. Si el valor de la confrontación reside en el enfrentamiento visual entre el declarante y el lado que lo confronta, una disposición que orienta al testigo hacia el juez o hacia el jurado priva a esa garantía de su sustrato material: el testigo declara sin mirar a quien lo confronta. Nótese que no se trata de un problema de admisibilidad de la prueba —el testimonio se produce y se incorpora— sino de calidad epistémica del acto: se obtiene una declaración que vale menos como fuente de conocimiento de la que se habría obtenido en la disposición correcta.
III.3. Maryland v. Craig: la excepción que confirma la regla
Dos años después, en Maryland v. Craig, la Corte admitió que el enfrentamiento cara a cara puede ceder frente a un interés estatal suficientemente importante —la protección psicológica de niños víctimas de abuso—, siempre que se preserven los demás elementos de la confrontación. La jueza O’Connor, por la mayoría, identificó esos elementos con precisión: el juramento, el contraexamen y la posibilidad de que el juzgador observe el comportamiento del declarante mientras testimonia.
La enumeración es reveladora para el problema que aquí se examina. Aun en el supuesto de máxima flexibilización de la garantía, la Corte consideró irreductibles dos condiciones que dependen directamente de la disposición espacial: que el testigo sea contraexaminado y que el cuerpo decisor observe su comportamiento. Si esos dos elementos son el núcleo indisponible de la confrontación, una sala que dificulta el contraexamen efectivo o que impide a parte del jurado observar al declarante compromete precisamente aquello que ni siquiera un interés estatal de la mayor jerarquía autoriza a sacrificar.
Vale registrar que Scalia disintió con energía en Craig, sosteniendo que el texto constitucional no admite ponderación. La discrepancia no debilita el argumento: tanto la mayoría como la disidencia coinciden en que el contacto visual y la observación del comportamiento cumplen una función epistémica real, y discuten únicamente si esa función puede ceder ante otros intereses. Ninguna de las dos posiciones sostiene que dé lo mismo hacia dónde mire el testigo.
III.4. Crawford v. Washington: el contraexamen como método
Crawford v. Washington consolidó esta doctrina al exigir que el contraexamen sea la vía principal de depuración de la prueba testimonial. La Corte sostuvo que el sistema acusatorio descansa en la premisa de que el contraexamen practicado en presencia del jurado es el mecanismo más eficaz para exponer la falta de credibilidad de un testigo. Nótese la fórmula: cara a cara con el interrogador, en presencia del jurado. El jurado presencia el examen; no es su contraparte.
La distinción entre presenciar y ser destinatario es el núcleo conceptual de este trabajo, y conviene enunciarla sin ambages. Un espectador de un diálogo no ocupa el lugar de ninguno de los dialogantes. Ubicar al jurado como destinatario del testimonio no lo acerca a la prueba: lo convierte en interlocutor de un intercambio en el que no participa, y le sustrae aquello que sí debía observar, esto es, la relación entre pregunta y respuesta.
III.5. La lógica espacial del modelo americano
En el modelo americano, el testigo se ubica en el witness stand, contiguo al estrado del juez y enfrentado al espacio central de la sala donde se sitúan los litigantes. Desde allí responde mirando de frente a quien lo examina, mientras el jurado —emplazado a un costado, en el jury box— lo observa lateralmente, de cerca y sin obstrucciones. Esta disposición no es casual: es el resultado de siglos de evolución procesal orientada a que el jurado presencie el examen en su integridad, y no a que el testigo le hable.
La posición lateral del jurado, lejos de ser un déficit, es funcionalmente superior. Desde el costado, el jurado ve al mismo tiempo el rostro del declarante y la figura del interrogador; percibe la pregunta y la reacción a la pregunta; capta el ritmo del intercambio, las pausas, las vacilaciones que se producen entre una y otra. Un jurado al que el testigo le habla de frente pierde justamente aquello que más le interesa: la dinámica de la confrontación.
El juez, a su vez, se ubica en un estrado elevado. Esa elevación no es un residuo monárquico ni una concesión al ego judicial: es la expresión física de una función diferenciada, que Akhil Reed Amar ha reconstruido en clave constitucional al describir al jurado como la voz de la comunidad que decide sobre la acusación y al juez como contralor del procedimiento. El juez dirige el debate y arbitra el procedimiento; no valora los hechos. Que el testigo se siente a su lado, y no frente a él, expresa con exactitud esa distribución de papeles: el declarante comparte con el magistrado la posición de quien no litiga, pero dirige su palabra a quienes litigan.
Winfried Hassemer, desde la dogmática continental, añade que los ritos y formas del proceso penal cumplen una función simbólica que no es accesoria sino constitutiva: comunican a las partes y al público que quien decide lo hace desde una posición diferenciada, imparcial y autorizada. La elevación del estrado es uno de esos ritos. Su ausencia en el modelo bonaerense no es solo una cuestión de diseño: puede leerse como una señal simbólica ambigua sobre el rol institucional del magistrado en un sistema que, sin embargo, ha decidido que quien juzga los hechos es el jurado.
III.6. La publicidad del debate como exigencia espacial: Waller y Presley
Existe una línea jurisprudencial norteamericana menos transitada por la doctrina argentina que resulta especialmente pertinente, porque en ella la Corte Suprema de los Estados Unidos abordó de manera directa el problema del espacio físico como condición de una garantía.
En Waller v. Georgia, la Corte fijó el estándar para excluir al público del debate: quien pretenda la exclusión debe invocar un interés superior en riesgo concreto de ser lesionado, la clausura no puede ser más amplia que lo necesario para proteger ese interés, el tribunal debe considerar alternativas razonables y debe fundar suficientemente su decisión. La publicidad, entonces, no es una concesión discrecional: es una regla cuya excepción exige justificación reforzada.
Más elocuente aún resulta Presley v. Georgia. Allí el tribunal de juicio había excluido al público durante la selección del jurado invocando, precisamente, la falta de espacio físico en la sala. La Corte Suprema revocó y sostuvo que la insuficiencia de espacio no basta: el tribunal debía haber considerado alternativas razonables, como reservar asientos para el público o dividir el panel de jurados. El caso es, en rigor, un supuesto en el que el diseño físico de una sala produjo la lesión de una garantía constitucional, y en el que la respuesta del tribunal supremo fue exigir que el espacio se adecuara a la garantía y no al revés.
La analogía con el problema bonaerense es directa. Si la insuficiencia de espacio no justifica sacrificar la publicidad, con mayor razón la disposición heredada de una sala no justifica sacrificar la inmediación del cuerpo decisor. En ambos casos, lo que está en discusión es si el diseño edilicio puede prevalecer sobre la garantía o si es la garantía la que debe imponer el diseño.
IV. EL DERECHO ARGENTINO: INMEDIACIÓN, CONTRADICCIÓN Y CONTROL DE LA PRUEBA
IV.1. La defensa en juicio como garantía material
El art. 18 de la Constitución Nacional garantiza la inviolabilidad de la defensa en juicio. La Corte Suprema ha interpretado esa garantía en sentido material, comprensivo de todas las condiciones que hacen posible una defensa efectiva y no meramente formal. Lo que interesa destacar aquí es el criterio: la garantía no se satisface con la existencia nominal de una oportunidad procesal, sino que exige que esa oportunidad sea útil.
Aplicado al contraexamen, el criterio produce una consecuencia clara. El derecho de la defensa a interrogar a los testigos de cargo no se agota en la posibilidad de formular preguntas: comprende el derecho a formularlas en condiciones que permitan aprovechar la respuesta. Un contraexamen en el que el defensor no puede observar al testigo mientras responde es una oportunidad formal desprovista de utilidad, y por eso mismo incompatible con la lectura material de la garantía.
IV.2. Benítez: el control efectivo de la prueba de cargo
El precedente Benítez es el pronunciamiento argentino más nítido sobre el punto. Allí la Corte Suprema descalificó una condena fundada en testimonios que la defensa no había podido controlar, y sostuvo que lo decisivo no es la posibilidad abstracta de haber interrogado, sino que el control de la prueba de cargo haya sido efectivamente posible. La imposibilidad de contrainterrogar priva al testimonio de valor dirimente, con independencia de que su incorporación se ajuste a las reglas procesales del rito.
La proyección espacial de esta doctrina es la siguiente. Si la Corte considera que la ausencia de control efectivo compromete la validez de la condena, entonces el estándar aplicable al contraexamen no es la mera oportunidad formal de preguntar sino la posibilidad real de controlar. Cuando la disposición de la sala reduce esa posibilidad —porque el declarante responde fuera del eje visual de quien lo interroga—, se produce una degradación del control que, aunque de menor intensidad que la analizada en Benítez, participa de la misma naturaleza.
IV.3. Casal: la inmediación como límite de lo revisable
El precedente Casal aporta el segundo eslabón del razonamiento. Al establecer que el tribunal de casación debe agotar el esfuerzo por revisar todo lo que sea susceptible de revisión, la Corte reservó como no revisable únicamente aquello que surge directa y exclusivamente de la inmediación. La consecuencia es de la mayor importancia para el problema aquí examinado.
Si lo percibido por inmediación es precisamente lo que escapa al control revisor, entonces la calidad de esa percepción no puede quedar librada al azar del diseño edilicio. El sistema deposita en la percepción directa del juzgador una porción del juicio que ningún tribunal superior podrá reexaminar; a cambio, debe asegurar que esa percepción se produzca en condiciones idóneas. La inmediación no es una excusa para sustraer materia al control: es una carga de calidad sobre las condiciones del debate.
En el juicio por jurados, el argumento adquiere intensidad máxima. El veredicto no se motiva y la revisión de los hechos es, por definición, limitadísima. Todo el peso de la legitimidad recae sobre lo que doce personas percibieron durante la audiencia. Un sistema que confía tanto en la percepción no puede desentenderse de las condiciones en que esa percepción se produce.
IV.4. El art. 8.2.f de la Convención Americana y la jurisprudencia interamericana
El derecho al contraexamen está expresamente garantizado por el art. 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce al inculpado el derecho de interrogar a los testigos presentes en el tribunal. La norma tiene jerarquía constitucional por imperio del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional.
La Corte Interamericana, en Norín Catrimán y otros vs. Chile, precisó el alcance de esa garantía al examinar el empleo de testigos con identidad reservada. Sostuvo que el uso de tales medidas debe compensarse con medidas que permitan a la defensa un control efectivo de la declaración, y subrayó que la restricción de la posibilidad de la defensa de conocer y confrontar al declarante afecta el equilibrio del proceso. El razonamiento del tribunal interamericano confirma la lectura funcional: lo que la garantía protege no es un ritual sino una posibilidad efectiva de contradicción.
IV.5. Síntesis: la percepción como presupuesto de las garantías
Los tres desarrollos convergen: el art. 18 exige una defensa útil y no nominal, Benítez un control efectivo y no una oportunidad abstracta, Casal deposita en la inmediación la porción irrevisable del juicio, y el art. 8.2.f, leído por la Corte Interamericana, protege una contradicción real y no ceremonial. Ninguna de estas construcciones se refiere expresamente al mobiliario de la sala, y sería un exceso pretender que lo hicieran. Pero todas comparten una estructura común: definen las garantías por su función y exigen que las condiciones de ejercicio permitan cumplirla. Esa estructura es la que habilita el paso siguiente. Si una disposición espacial impide sistemáticamente que el interrogador observe al interrogado y que el cuerpo decisor observe el intercambio, esa disposición no es neutra frente a garantías definidas funcionalmente: las erosiona.
Luigi Ferrajoli ofrece la formulación teórica de este punto al situar la publicidad y la oralidad entre las garantías procesales que aseguran la calidad del conocimiento judicial: no solo protegen al imputado, sino que mejoran la calidad del conocimiento judicial sobre los hechos. Un sistema que degrada las condiciones epistémicas del contraexamen no solo vulnera garantías individuales: compromete la legitimidad de sus propias decisiones.
V. LAS ORIENTACIONES DEFECTUOSAS EN LA PRÁCTICA BONAERENSE
V.1. La norma y su silencio sobre el espacio
La Ley 14.543, modificatoria del Código Procesal Penal bonaerense, estableció el juicio por jurados populares para los delitos cuya pena máxima en abstracto excede los quince años de prisión o reclusión. La norma regula en detalle la integración del cuerpo —doce jurados titulares y seis suplentes, con paridad de género—, el procedimiento de selección, las instrucciones al jurado, las causales de recusación y las mayorías exigidas para el veredicto, requiriendo unanimidad cuando el hecho está reprimido con prisión o reclusión perpetua.
No regula, en cambio, la disposición física de los intervinientes en la sala de audiencias. Ese silencio normativo ha sido llenado por la práctica, y la práctica ha reproducido hábitos anteriores al sistema que la ley vino a instaurar. Conviene precisar el punto: no se trata de que la ley haya optado por una disposición inadecuada, sino de que no ha optado. La laguna es lo que permite que convivan, en distintos departamentos judiciales, soluciones espaciales incompatibles entre sí.
V.2. El residuo del juicio técnico: el testigo que declara al juez
La primera orientación defectuosa es la más antigua y la más naturalizada. En el juicio ante tribunal técnico el testigo declaraba al tribunal, y con razón: el tribunal era el destinatario del relato porque era quien decidiría sobre los hechos. La costumbre sobrevivió al cambio de sistema. Todavía hoy se observan declaraciones en las que el testigo, interrogado por el fiscal, gira la cabeza y responde al juez.
El vicio es evidente en cuanto se lo enuncia: en el juicio por jurados el juez no decide los hechos. Un testimonio dirigido a él es un testimonio dirigido a quien no lo valorará y no lo ha pedido. La inercia cultural explica la conducta, pero no la justifica; y la disposición física de muchas salas —con el testigo en el centro y el magistrado como único punto de referencia jerárquico— la favorece en lugar de corregirla.
V.3. El equívoco del jurado como interlocutor
La segunda orientación defectuosa nació del intento de corregir la primera y erró el destinatario. En varias salas bonaerenses el testigo es sentado en el centro del recinto, orientado hacia el jurado, de modo que declara mirando al cuerpo que decidirá el caso. El razonamiento subyacente parece razonable: si el jurado juzga los hechos, que el testigo le hable a él.
El razonamiento es, sin embargo, equivocado, y por una razón elemental: el jurado no le pregunta nada al testigo. No lo examina, no lo confronta, no le pide precisiones, no lo enfrenta con sus contradicciones. Todo eso lo hacen el fiscal y los defensores. Hacer que el testigo responda al jurado es hacer que responda a quien no ha hablado, mientras quien efectivamente lo interrogó queda desplazado a un costado del eje visual, típicamente a unos noventa grados de la orientación del declarante.
El resultado es una conversación desarticulada: la pregunta llega desde un punto de la sala y la respuesta se dirige a otro. Se pierde el contacto visual entre interrogador y declarante, que es la materia prima del contraexamen; y el jurado, paradójicamente, tampoco gana, porque recibe un relato frontal desprovisto de aquello que debía observar, esto es, el intercambio.
Hay además un efecto secundario que merece señalarse. Un testigo orientado frontalmente hacia el cuerpo decisor tiende a construir su declaración como discurso dirigido a un auditorio, con la carga persuasiva que ello implica, en lugar de responder a preguntas concretas. La disposición favorece el relato y desalienta la respuesta puntual, lo que perjudica sobre todo al contraexamen, cuya eficacia depende de acotar al testigo a la pregunta formulada.
V.4. El defecto alcanza también a la declaración del imputado
El análisis precedente se ha formulado en torno del testigo, que es el supuesto más frecuente. Sería un error, sin embargo, circunscribirlo a él. La misma disociación entre la dirección de la pregunta y la dirección de la respuesta se verifica —y con consecuencias más graves— cuando quien declara en el debate es el propio imputado.
El art. 358 del Código Procesal Penal bonaerense establece que «en el curso del debate el imputado podrá efectuar todas las declaraciones que considere oportunas, siempre que se refieran a su defensa». Su declaración es un acto de defensa material y no un medio de prueba, y conserva la facultad de negarse a declarar sin que de ello quepa inferencia alguna en su contra. Pero una vez que decide usar la palabra, queda sujeto al interrogatorio de su defensor y de las partes contrarias. Desde ese momento rige respecto de él exactamente la misma estructura comunicacional que gobierna la declaración de cualquier otro: quien pregunta es el litigante, y a él debe dirigirse la respuesta.
La observación de las audiencias muestra que el vicio se agrava en este supuesto. El imputado que declara suele ser conducido al mismo lugar que el testigo y reproduce, amplificada, la orientación defectuosa: habla al juez, a quien percibe como la autoridad que decidirá su suerte, o bien al jurado, en un intento espontáneo de persuadir a quienes lo juzgan. En ambos casos, cuando el fiscal lo interroga, la respuesta se dirige a otro punto de la sala y el examen pierde la tensión que le es propia. El perjuicio es mayor que en el caso del testigo, porque aquí quien declara se juega su libertad y porque el jurado extraerá de esa declaración conclusiones sobre la persona, y no solo sobre los hechos.
Conviene precisar aquí una distinción que la regla propuesta no solo tolera sino que explica. Cuando el imputado ejerce la facultad de efectuar una declaración espontánea, sin que nadie lo interrogue, no hay litigante que pregunte y su interlocutor pasa a ser, naturalmente, el cuerpo que decidirá los hechos. En ese supuesto lo correcto es que se dirija al jurado. La regla no se quiebra: se confirma, porque su fundamento no es la jerarquía de los sujetos sino la identidad del interlocutor. Se declara a quien se le habla; y cuando nadie pregunta, se habla a quien escucha para decidir.
De esa distinción se sigue una exigencia adicional para el diseño de la sala. La posición del declarante debe permitir ambas orientaciones sin desplazamiento: de frente a las partes durante el examen y con un giro breve hacia el jurado cuando se dirige a él. La ubicación junto al estrado del juez, del lado del jurado, satisface esa doble exigencia; las disposiciones centrales, en cambio, fijan al declarante en una única orientación y le impiden distinguir entre uno y otro acto.
Hay, por último, una dimensión que atañe exclusivamente al imputado y que el diseño de la sala también compromete. El artículo citado le reconoce «la facultad de hablar con su defensor, sin que por esto la audiencia se suspenda», y el art. 8.2.d de la Convención Americana garantiza su derecho a comunicarse libre y privadamente con él. Ambas previsiones presuponen proximidad física. Una sala que ubica al imputado apartado de la mesa de su defensor —detrás de ella, o en un sector separado del recinto— convierte una facultad de ejercicio continuo durante todo el debate en un trámite que exige pedir autorización, desplazarse e interrumpir. La regla espacial que corresponde es simple: el imputado se sienta junto a su defensor y solo se aparta de ese lugar mientras declara.
V.5. La doble fila plana y la horizontalización del estrado
A las orientaciones defectuosas se suman dos problemas independientes pero convergentes. El primero es la disposición del jurado en dos filas planas de seis integrantes: los jurados de la segunda fila tienen visión parcialmente obstruida del declarante, lo que genera una asimetría epistémica dentro del propio cuerpo decisor, que se analiza en el apartado VII. El segundo es la horizontalización del estrado, esto es, la ausencia de diferenciación espacial entre el juez —árbitro del procedimiento— y las partes, que debilita la señal simbólica y funcional sobre el rol de cada interviniente.
Estos problemas no son independientes en sus efectos: se refuerzan mutuamente. Un jurado que no ve bien al declarante resulta aún más perjudicado cuando lo que se le ofrece es un testimonio desconectado de la pregunta que lo motivó. La acumulación de estos déficits de percepción no es lineal sino multiplicativa.
V.6. Un problema que excede a la Provincia de Buenos Aires
La cuestión no es exclusivamente bonaerense. El juicio por jurados se ha extendido a la mayoría de las jurisdicciones argentinas en poco más de veinte años: Córdoba en 2004 —con un modelo escabinado—, Neuquén en 2011, Buenos Aires en 2013, Río Negro en 2014, Chaco en 2015, Mendoza y San Juan en 2018, Chubut y Entre Ríos en 2019, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Catamarca en 2021, Santa Fe en 2023, Salta en 2024 y La Rioja en 2025. Con excepción de Córdoba, todas adoptaron el modelo de jurado clásico.
Esa expansión se produjo sin que, hasta donde se ha podido verificar, ninguna jurisdicción haya dictado estándares espaciales para las salas de juicio por jurados. Cada tribunal resolvió el problema con los medios y el criterio disponibles, lo que explica la heterogeneidad de soluciones. En términos institucionales, se trata de una laguna reglamentaria replicada catorce veces.
VI. LA REGLA: EL TESTIGO DECLARA A QUIEN LO INTERROGA
VI.1. La estructura comunicacional del examen adversarial
El examen de un testigo en el juicio adversarial no es un monólogo ni una exposición dirigida al tribunal: es un diálogo estructurado entre dos personas, gobernado por reglas estrictas sobre la forma de las preguntas y sometido al control de la parte contraria. Ese diálogo tiene dos extremos definidos: el litigante que pregunta y el testigo que responde. Todo lo demás —el juez que resuelve las objeciones, el jurado que valorará el resultado, el público que presencia— rodea al diálogo, pero no participa de él.
De esa estructura se sigue, sin necesidad de artificio argumental, la posición correcta del declarante: el testigo debe estar orientado hacia el extremo del diálogo que efectivamente le habla. Ubicarlo de otro modo obliga a disociar la dirección de la palabra de la dirección de la mirada, disociación que ningún sistema de comunicación humana tolera sin pérdida.
Adviértase que la regla no es una preferencia estética ni un tecnicismo importado: es el reconocimiento de que la sala debe reproducir físicamente la estructura del acto procesal que en ella se cumple. Si el examen es un diálogo entre litigante y testigo presenciado por el jurado, el espacio debe ubicar al testigo frente al litigante y al jurado en posición de presenciar. La disposición de la sala tiene un porqué, y ese porqué es procesal antes que arquitectónico.
VI.2. Consecuencias sobre el contraexamen
El derecho al contraexamen no es solo el derecho a formular preguntas: es el derecho a interrogar en condiciones que permitan evaluar la credibilidad del testigo en tiempo real. Cuando el testigo responde mirando hacia otro lado, el defensor —situado fuera del eje visual del declarante— pierde la posibilidad de observar las microexpresiones, las vacilaciones, los gestos de incomodidad o de confianza que constituyen información sobre credibilidad.
Esas señales no verbales son especialmente relevantes durante el contraexamen, que tiene por objeto poner de manifiesto inconsistencias o parcialidades en el testimonio, y que depende de la lectura instantánea de la reacción del testigo para decidir la pregunta siguiente. El contraexamen es, en rigor, una técnica adaptativa: cada pregunta se formula en función de la respuesta anterior y de la reacción que la acompañó. Privar al interrogador de esa información no le impide preguntar, pero lo obliga a hacerlo a ciegas.
Elizabeth Loftus, cuya investigación sobre la psicología del testimonio ha influido en múltiples ordenamientos procesales, documenta que la credibilidad que se atribuye a un testigo está fuertemente condicionada por su modo de declarar y por la seguridad que exhibe, aun cuando esas señales resulten malos predictores de exactitud. Gary Wells y sus colaboradores han mostrado, a su vez, que el valor probatorio del testimonio depende en medida decisiva de las condiciones en que la declaración se obtiene. De ambas líneas se sigue una consecuencia para el problema aquí examinado: las condiciones de producción del testimonio no son neutrales, y quien interroga sin poder observar al interrogado opera en condiciones de inferioridad epistémica que ninguna razón procesal justifica.
Corresponde formular aquí una precisión necesaria. La literatura empírica sobre detección de mentiras es cautelosa respecto de la capacidad de los observadores para inferir veracidad a partir del comportamiento no verbal, y sería incorrecto sostener que la observación directa garantiza un juicio acertado sobre la credibilidad. El argumento de este trabajo no requiere tanto. Requiere únicamente lo siguiente: que nuestro sistema procesal ha decidido que el jurado valore la credibilidad sobre la base de lo que percibe, y que, adoptada esa decisión, resulta incoherente organizar el espacio de modo tal que la percepción se degrade. La discusión sobre el valor epistémico del lenguaje corporal es relevante para el legislador; una vez que el legislador optó, la discusión sobre las condiciones de percepción es ineludible. Adviértase, en ese sentido, que los propios autores citados previenen contra la sobrevaloración del comportamiento del declarante como indicador de veracidad: se los invoca aquí por la premisa descriptiva —que tales señales pesan de hecho en la percepción del juzgador— y no por una conclusión normativa que ellos no formulan.
VI.3. Objeciones posibles
La tesis admite al menos cuatro objeciones, que conviene enunciar y responder.
i) Se dirá, en primer lugar, que se trata de una cuestión menor, ajena a la magnitud de los problemas que aquejan al sistema penal. La respuesta es doble. Por una parte, la relevancia de un problema no se mide por su vistosidad sino por su incidencia: la disposición de la sala afecta a todos los testimonios de todos los juicios por jurados que se celebren. Por otra, se trata precisamente de un problema de bajo costo de solución y alto rendimiento, de los que rara vez se encuentran en materia de política judicial.
ii) Se dirá, en segundo lugar, que los jurados prefieren que el testigo les hable, y que la disposición frontal favorece su atención. La objeción confunde comodidad con función. Lo que el jurado necesita no es ser mirado sino ver; y ve mejor el intercambio desde una posición lateral que desde el extremo receptor de un relato. Que una disposición resulte subjetivamente más agradable no la convierte en epistémicamente superior.
iii) Se dirá, en tercer lugar, que la corrección puede obtenerse por vía de instrucción verbal, sin necesidad de modificar el espacio. Es cierto que el presidente del debate puede indicar al testigo hacia dónde dirigirse, y es una buena práctica que debería generalizarse. Pero una instrucción que debe repetirse contra la señal permanente que emite el mobiliario es una solución frágil. El diseño espacial opera de modo continuo y silencioso; la instrucción verbal, de modo intermitente y dependiente de la diligencia individual.
iv) Se dirá, por último, que ninguna norma impone la disposición que aquí se propone. La observación es exacta y constituye, en rigor, el punto de partida de este trabajo. Lo que se sostiene no es que exista una norma incumplida, sino que existe una laguna reglamentaria cuya integración corresponde al órgano competente, y que esa integración debe hacerse conforme a los principios que la ley procesal sí consagra. La ausencia de regla no es un argumento a favor del statu quo: es la constatación del problema.
VII. LA DOBLE FILA DEL JURADO Y EL PROBLEMA DE LA INMEDIACIÓN
VII.1. La asimetría epistémica dentro del cuerpo decisor
Un problema estructural distinto, aunque convergente, es la disposición del jurado en dos filas planas de seis integrantes. Los jurados de la primera fila tienen visión directa del testigo; los de la segunda, visión parcialmente obstruida por la primera. Esta asimetría no es un problema de comodidad: es un problema de igualdad epistémica dentro del propio cuerpo decisor.
Si los doce jurados no tienen igual acceso perceptivo al declarante, el veredicto no refleja la valoración conjunta de doce personas que percibieron lo mismo, sino la valoración asimétrica de dos grupos con acceso diferencial a la misma prueba. Los seis jurados de la primera fila pudieron observar las expresiones del testigo; los seis de la segunda, probablemente no en igual medida. Cabe entonces preguntarse si puede llamarse veredicto del jurado a una decisión adoptada por doce personas que no dispusieron de la misma información.
La objeción se agrava en los supuestos en que la ley exige unanimidad, como ocurre en la Provincia de Buenos Aires cuando el hecho está reprimido con pena perpetua. La unanimidad presupone que los doce votos tienen el mismo valor porque se formaron sobre la misma base. Si esa base es desigual, la unanimidad se convierte en una coincidencia formal entre juicios formados con información distinta.
VII.2. La inmediación como garantía colectiva
La doctrina procesal ha tratado la inmediación principalmente como garantía individual, referida al imputado, al testigo o a las partes. Pero en el juicio por jurados la inmediación tiene también una dimensión colectiva: todos los miembros del jurado deben tener igual acceso directo a la prueba, porque todos tienen igual peso en la decisión.
Maier señala que la inmediación garantiza que el tribunal que dicta la sentencia sea el mismo que percibió directamente la prueba durante el juicio. En el modelo de doble fila plana, los doce jurados que dictan el veredicto no han percibido la misma prueba con la misma intensidad: los seis de la segunda fila percibieron una versión degradada. Hay, en este sentido, una infracción al principio de inmediación que no se verifica en el individuo —cada jurado estuvo presente— sino en el colectivo: el jurado como cuerpo no tuvo acceso uniforme a la prueba.
Gisli Gudjonsson, en su investigación sobre psicología del interrogatorio, documenta la incidencia que las condiciones en que una declaración se obtiene tienen sobre su fiabilidad. El principio es trasladable a las condiciones en que esa declaración se percibe: cuando el acceso visual está comprometido por la posición en la segunda fila, el jurado afectado decide con información incompleta sobre un aspecto central de su función.
VII.3. Una posible causal de nulidad
La consecuencia jurídica de este argumento merece ser señalada con cautela, pero también con claridad. Si pudiera demostrarse —en un caso concreto— que la disposición en doble fila privó a los jurados de la segunda fila del acceso visual necesario para evaluar la credibilidad de un testigo cuyo testimonio fue decisivo para el veredicto, esa privación podría configurar una causal de nulidad por vulneración del principio de inmediación.
La afirmación exige tres precisiones. La primera concierne a la carga: quien invoque el vicio deberá acreditar la obstrucción concreta, y no bastará la mera invocación genérica de la disposición del mobiliario. La segunda concierne a la oportunidad: la protesta debe formularse en la audiencia, en el momento en que la obstrucción se verifica, de modo que el tribunal pueda subsanarla; una objeción reservada para después del veredicto adverso difícilmente prospere, y con razón. La tercera concierne a la trascendencia: como toda nulidad, requiere perjuicio, lo que supone vincular la obstrucción con un testimonio dirimente.
No es esta la tesis central del trabajo, que apunta a la reforma estructural y no al litigio caso por caso. Pero es una derivación que la práctica forense debería tener presente, y que además cumple una función instrumental: la posibilidad del planteo es, muchas veces, el incentivo que precipita la corrección administrativa.
VIII. PROPUESTA DE REFORMA: HACIA UNA ARQUITECTURA PROCESAL COHERENTE
VIII.1. La reforma no requiere modificación legislativa
El argumento central de este trabajo tiene una virtud adicional: la solución que propone no requiere reforma legislativa. La Ley 14.543 no regula la disposición espacial de los intervinientes en la sala de audiencias. Esa regulación corresponde, en el marco vigente, a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a la que la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye la potestad de dictar las reglamentaciones conducentes al debido ejercicio de las funciones que las leyes le acuerdan, además del conjunto de facultades en que se traduce la superintendencia sobre los tribunales, con intervención de las áreas competentes en infraestructura judicial respecto de las especificaciones de los nuevos espacios. Cabe agregar un dato que refuerza la conclusión: la propia Ley 14.543 modificó esa ley orgánica para incorporar un capítulo dedicado a los tribunales de jurados, de modo que la materia se encuentra ya dentro del ámbito de organización judicial cuya reglamentación corresponde al tribunal superior.
No existe, hasta donde se ha podido verificar, acuerdo ni resolución alguna que contemple especificaciones físicas para las salas de juicio por jurados. Esa laguna reglamentaria —que este trabajo identifica— puede ser llenada por un acuerdo que establezca los requisitos espaciales mínimos para dichas salas, con referencia explícita a los principios de inmediación, contraexamen efectivo y publicidad del debate.
La distinción entre reforma legislativa y reforma reglamentaria no es un detalle técnico. Determina la viabilidad de la propuesta. Una modificación del Código Procesal Penal requiere consenso legislativo, tiempo parlamentario y voluntad política, tres bienes escasos. Un acuerdo de superintendencia requiere únicamente que el órgano competente advierta el problema y decida corregirlo. Buena parte del valor práctico de este trabajo reside, precisamente, en mostrar que el problema puede resolverse por la vía más accesible.
VIII.2. Los estándares espaciales propuestos
A partir del análisis realizado, se proponen los siguientes estándares espaciales mínimos para las salas de juicio por jurados bonaerenses.
i) Ubicación del declarante. El estrado del testigo debe ubicarse junto al estrado del juez —a la manera del witness stand anglosajón—, enfrentado a los fiscales y defensores que lo examinan y de perfil al jurado. Es la única posición en la que la orientación natural del declarante coincide con la dirección de la pregunta, y en la que el jurado observa el examen completo: el testigo y quien lo interroga.
ii) Ubicación del jurado. El jurado debe ser ubicado a un costado, en dos filas escalonadas —tipo anfiteatro— o, si el espacio lo permite, en una sola fila, de modo que se garantice visión directa y sin obstrucciones del declarante desde todas las posiciones. La disposición en dos filas planas, hoy frecuente, no satisface el estándar de inmediación para los jurados de la segunda fila.
iii) Elevación del estrado judicial. El juez debe ser ubicado en un estrado elevado respecto de las partes, no al mismo nivel. La diferenciación espacial entre el árbitro del procedimiento y los litigantes es funcionalmente relevante en el modelo acusatorio y simbólicamente necesaria en el sistema de jurados.
iv) Ubicación del público. El público debe ubicarse detrás de las partes, con visión directa del declarante desde las butacas. La publicidad del debate no se satisface con la mera presencia del público en la sala: requiere que el público pueda seguir lo que ocurre, incluida la observación del testigo mientras declara.
v) Verificación previa. Debería preverse una verificación de las condiciones de visibilidad con carácter previo al inicio del debate, dejándose constancia en el acta. Se trata de una diligencia de escaso costo que preserva la posibilidad de subsanación oportuna y evita planteos tardíos.
vi) Condiciones acústicas y de asistencia. Los estándares de visibilidad carecen de sentido si no se acompañan de condiciones acústicas adecuadas y de las medidas de accesibilidad que requieran los jurados con discapacidad sensorial. La inmediación es un fenómeno perceptivo integral, no exclusivamente visual.
La Figura 1 sintetiza gráficamente el contraste entre los tres modelos. El panel A ilustra el residuo del juicio técnico: el testigo responde al juez, que no lo ha interrogado ni juzgará los hechos. El panel B muestra el equívoco inverso: el testigo declara al jurado, que tampoco le pregunta, mientras el litigante que formuló la pregunta queda desplazado a unos noventa grados de su eje visual, y la segunda fila del cuerpo decisor padece visión obstruida. El panel C representa la disposición propuesta: el testigo junto al estrado del juez, enfrentado a fiscales y defensores, de perfil a un jurado que —en dos filas escalonadas, a un costado— observa el intercambio en su integridad, con el juez en estrado elevado y el público detrás de las partes.
Figura 1. Croquis comparativo de la disposición espacial de los intervinientes: las dos orientaciones defectuosas (A y B) y la disposición propuesta (C). En los tres paneles el jurado se ubica en columna sobre el lateral de la sala; lo que varía es la posición y la orientación del testigo. En el panel C el jurado conserva las dos filas de seis, escalonadas en anfiteatro, y el testigo se ubica junto al estrado del lado del jurado. Esquema sin escala. Elaboración propia.
VIII.3. Antecedentes comparados de reforma espacial
Judith Resnik y Dennis Curtis, en su estudio sobre la iconografía y la arquitectura de la justicia, documentan cómo el diseño de las salas ha expresado históricamente concepciones sobre la distribución del poder de juzgar, y cómo su modificación acompañó transformaciones procesales de fondo. La lección que interesa extraer es que la arquitectura judicial no es un dato natural: es una decisión, y como tal puede revisarse.
VIII.4. La oportunidad federal
Existe, finalmente, una razón de oportunidad. El proyecto de ley que instaura el juicio por jurados en la jurisdicción federal obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados el 06/11/2024 y, al cierre de esta edición, no ha sido sancionado por el Senado. Su eventual sanción obligará a adecuar salas en todo el país y a construir otras nuevas.
Ese proceso ofrece una ocasión que no debería desaprovecharse. Incorporar los estándares espaciales en la reglamentación de la ley federal, o en los pliegos de las obras que la implementen, permitiría evitar desde el inicio los defectos que las jurisdicciones provinciales debieron corregir sobre la marcha. Es considerablemente más barato diseñar bien que corregir después.
IX. CONCLUSIÓN
El diseño físico de una sala de audiencias no es neutral respecto de las garantías del proceso penal: es la condición material de posibilidad de esas garantías. Un proceso que proclama la inmediación como principio pero sienta al jurado en una segunda fila desde la que no ve bien al declarante; que reconoce el contraexamen como garantía pero coloca al interrogador fuera del eje visual del testigo; que establece la publicidad del debate pero no asegura al público la visión de quien declara, no ha realizado esas garantías: las ha enunciado.
La tesis de este trabajo se deja resumir en una regla de una sola línea: el testigo declara a quien lo interroga. No al juez, que dirige el debate pero no juzga los hechos ni formula las preguntas; no al jurado, que juzgará los hechos pero nada le pregunta; sino al fiscal o al defensor que conduce el examen. De esa regla se sigue, con necesidad, la ubicación del declarante junto al estrado del magistrado, enfrentado a los profesionales y de perfil al cuerpo de jurados.
Las dos orientaciones defectuosas que se observan en la práctica bonaerense —el testigo que responde al juez, residuo del juicio ante tribunal técnico, y el testigo que responde al jurado, equívoco de un adversarialismo mal traducido al espacio— comparten un mismo error de origen: suponen que el destinatario del testimonio es quien decide, cuando el destinatario inmediato es quien pregunta. Es el jurado, y no el testigo, quien debe estar en posición de observar; y solo observa bien quien ve, a la vez, la pregunta y la respuesta. El defecto, además, no se agota en la prueba testimonial: alcanza a la declaración que el imputado presta en el debate, que es acto de defensa antes que medio de prueba y que, una vez sometida a interrogatorio, queda regida por idéntica estructura comunicacional.
A ello se suman la asimetría epistémica de la doble fila plana y la horizontalización del estrado judicial. Los tres problemas se refuerzan mutuamente, y su efecto combinado sobre la calidad del debate es significativo.
La buena noticia es que la solución no requiere reforma legislativa. Requiere que la Suprema Corte de Justicia bonaerense, en ejercicio de sus facultades reglamentarias, establezca los estándares espaciales mínimos para las salas de juicio por jurados: la ubicación del estrado del testigo junto al del juez y enfrentado a las partes, la reorganización del jurado en dos filas escalonadas a un costado, la elevación del estrado judicial, la ubicación del público detrás de los litigantes con visión directa del declarante y la verificación previa de las condiciones de visibilidad.
El argumento final es este: cuando una ley asigna al jurado la función de árbitro exclusivo de los hechos y a las partes la de producir la prueba mediante el examen y el contraexamen, distribuye implícitamente los lugares en el espacio procesal. Una sala donde el testigo habla a quien no le pregunta es una sala donde el espacio contradice a la norma. Corregir esa contradicción no es un capricho de diseño: es una exigencia constitucional.
LA LEY – THOMSON REUTERS
AR/DOC/2556/2026
